Con la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República mediante Decreto Ley No 492 de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela de fecha 30 de diciembre de 1958, se institucionalizó la planificación como una labor de análisis, proyección y formulación de metas generales en el país.
La Enmienda No 2 a la Constitución de la República de 1961, efectuada en 1983, obligaba al Ejecutivo Nacional a presentar al Congreso Nacional, para su aprobación en el transcurso del primer año de cada período constitucional, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, y exigía que estas cumplieran con la Ley Orgánica de Planificación. Sin embargo, ni los planes fueron aprobados ni la Ley fue promulgada.
Con la nueva Administración que se inició en febrero de 1999, se asume la planificación como alta política de Estado lo que se plasma en la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reafirma la importancia de la planificación y desarrollo como función fundamental del Estado.
En tal sentido, la planificación se establece como práctica para transformar y construir nuevas realidades con la capacidad de alcanzar propósitos, interpretar intereses de la sociedad e incorporar, en las deliberaciones presentes, las necesidades de las generaciones futuras. Un elemento de viabilidad de esta práctica lo constituye la alta participación del Estado venezolano dentro de la estructura productiva del país, lo que obliga a una reflexión sistemática y coordinada sobre su rol en la realidad venezolana y su carácter de distribuidor de renta.
Sin embargo, la realidad Local en Venezuela está muy distante de esta norma. En la mayoría de los municipios, la planificación de la gestión se ha convertido en un mero “formalismo” fundamentalmente debido a un muy bajo nivel de “capacidad de gobierno”, entendida como el acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de un actor y su equipo de gobierno para conducir el proceso social hacia objetivos declarados y una muy debilitada “gobernabilidad”, porque no se identifican con claridad los actores sociales ni los recursos que manejan, lo cual conduce a una equivocada valoración de los pesos de los actores. Las técnicas gerenciales para la administración y la evaluación de la situación que faciliten la promoción una democracia eficaz, efectiva y eficiente son inexistentes
Todo esto impide al gobierno local definir una línea de base real y la declaración de objetivos alcanzables para evitar la demagogia y la oferta engañosa, en síntesis la gobernabilidad está severamente comprometida por lo que la construcción sistemática de una propuesta para conducir la transformación de la situación inicial en la que la problemática sociopolítica no es resuelta, en una nueva situación de plena satisfacción de las necesidades de la población, correctamente priorizadas en función de criterios que realmente reflejen el interés colectivo, es cada vez más difícil de alcanzar.
En la sociedad venezolana actual se tiene la idea de que quien está en el poder tiene la verdad sobre cuáles son las necesidades de las comunidades. Así que muy poco le interesa cuál es la opinión de las comunidades sobre la “calidad de vida” que les brinda el gobierno, así que la participación comunitaria prácticamente no existe. Por otro lado, las comunidades, a su vez, han asumido que la responsabilidad indelegable de resolver los problemas es únicamente del gobierno, con lo que se refuerza el paradigma de que quien gobierna tiene la razón y la verdad.
Esta circunstancia se traduce, de nuevo, en que la valoración de la situación sociopolítica local, se realiza bajo el predominio de conceptos absolutamente empíricos dado que no conocen herramientas gerenciales para evaluarla apoyados en un proceso metodológico y científico para la toma de decisiones que garantice la objetividad.
Las organizaciones cívicas y políticas del espacio local y muy especialmente aquellas que se encuentran en el interior del país tienen serias dificultades en la formación y fortalecimiento de instituciones estables, con base amplia y bien organizada que garanticen el cimiento de una cultura cívica activa que permita el uso de los espacios institucionales para la planificación del desarrollo local. Buen gobierno.
En democracia, los ciudadanos tienen la oportunidad de aprender y ayudarse unos a otros a formar los valores y establecer las prioridades que servirán de guía para instrumentar sus planes de desarrollo. El mejor desempeño del gobierno local está fundamentalmente basado en la calidad del vínculo entre el gobierno y los ciudadanos, fortaleciendo la democracia a través de la participación, la rendición de cuentas y la supervisión. Las soluciones participativas tienen singular importancia pues de allí deriva la legitimidad del gobierno y la confianza de que los recursos serán administrados con criterios de interés comunitario.
Conforme aumenta el interés de los ciudadanos en el gobierno y en los asuntos públicos y comunitarios, aumenta también el interés del gobierno por desarrollar una cultura cívica activa fundamentada en los valores de la democracia con lo cual se viabiliza la construcción de un sistema que garantice la plena satisfacción de las necesidades de la población.
El Proyecto Promoción del Desarrollo Local que implementa el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, con el apoyo de la Unión Europea, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y estrecha coordinación con las alcaldías, permite a los gobiernos locales reconocer por qué ocurren las dificultades de gobierno, qué deben hacer para lograr un buen gobierno y facilitar las vías institucionales para lograr una cultura cívica activa que responda a las necesidades de planificación del desarrollo local, y además determinar los grados de corresponsabilidad que comparte con la sociedad civil en el éxito del diseño de las políticas públicas.
El proyecto está diseñado pensando en las autoridades locales electas para gobernar, sus asesores inmediatos, también está dirigido a los funcionarios interesados en devolver a la carrera publica un sentido de servicio guiada por fundamentos éticos y democráticos, y finalmente se está pensando en los líderes de organizaciones de la sociedad civil, que bajo la premisa de la corresponsabilidad en la acción, resultan actores fundamentales en la gestión del desarrollo y de las buenas prácticas para gobiernos locales efectivos.
El proyecto fortalece la capacidad de gobierno en función de las técnicas y métodos de análisis para toma de decisiones y espera aportar al mejor desempeño de los gobiernos locales, haciendo que la democracia y la calidad de la relación entre el gobierno local y los ciudadanos se incremente con soluciones participativas y mecanismos de control de gestión y transparencia, en este contexto también se asume que los propios ciudadanos en el cumplimiento de su rol como contralores sociales, pueden evaluar la calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios recibidos, por lo que se podría incorporar, la evaluación de resultados por parte de los destinatarios o actores interesados.