El creciente volumen de los contagios y lamentables fallecimientos ocasionados por la pandemia de covid-19, en esta segunda ola epidémica y que, según los expertos, continuará en un exponencial ascenso durante abril y mayo, ameritan una respuesta inmediata a través de iniciativas de políticas públicas de salud, diseñadas y ejecutadas bajo estrictos criterios científicos. Nunca con sesgo de exclusión, ventaja o clientelismo político.
El gobierno anunció que se pagó más del 50% del mecanismo covax, tras el depósito de 59,2 millones de francos suizos, recursos que garantizarán la vacunación de apenas un 20% de la población venezolana. Esta medida, aunque tardía, debe preceder una serie de acciones que propicien lo antes posible un plan de vacunación masivo y efectivo, con vacunas certificadas por los organismos mundiales de la salud.
Hoy, gran cantidad de países actúa en función de acelerar los planes de vacunación de un 70% de sus ciudadanos, la vía más segura para enfrentar la coyuntura sanitaria que continúa afectando al mundo.
Ya ha transcurrido más de un año desde que se comenzó a propagarse el virus en el país, tiempo suficiente para haber adoptado eficazmente las medidas preventivas y de mitigación que coadyuvaran a disminuir el riesgo que representa para cada venezolano el coronavirus. Es más que evidente que la respuesta del Estado ha sido deficitaria, lo que ha generado una de las mayores incertidumbres que hayamos vivido y se suman al agobio generado por la crisis humanitaria, que venimos atravesando.
Uno de los esfuerzos que se ha hecho a nivel global ha sido el de desarrollar vacunas bajo rigurosos protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, cuya certificación ha permitido que se estén produciendo y distribuyendo bajo distintos mecanismos que permiten la dotación de todos los países, independientemente del alcance de sus recursos. En tal sentido, exigimos la implementación de estos mecanismos y cuestionamos cualquier improvisación que pueda suponer un peligro para la ciudadanía.
Hacemos un llamado a anteponer el sentido de humanidad a las consideraciones políticas y geopolíticas. Las proporciones que ha alcanzado desde marzo la propagación del virus en Venezuela, demanda la urgente adquisición y aplicación masiva de vacunas, insistimos, certificadas por los organismos mundiales de salud, así como la garantía de un proceso de almacenamiento y distribución con el indispensable equipamiento de cadena del frío, como lo han recomendado los especialistas. Al mismo tiempo, la ejecución de un plan de vacunación a escala nacional debe estar basado en los principios fundamentales de equidad, considerando las prioridades en el personal de salud y las poblaciones de mayor riesgo, una práctica recomendada por la OMS.
El Estado está obligado a garantizar el Derecho a la Salud y a la Vida de los venezolanos, y con base en ese mandato constitucional, debe convocar a todos los sectores del país, sobre todo a las instituciones especialistas, para que se desarrolle con carácter de urgencia el Plan de Vacunación Masiva.
Venezuela cuenta con capacidades organizadas, técnicas y sociales, para contribuir con este gran propósito que no es una petición, sino una exigencia que los ciudadanos hacen, al unísono, para que se ofrezca la seguridad de salud que merecen sin ningún tipo de exclusión.
¡LA VACUNACIÓN ES UN DERECHO!
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